octubre 11, 2009

Decreta Gobierno cierre de Luz y Fuerza del Centro

El presidente de México, Felipe Calderón, decretó al filo de la medianoche del sábado la liquidación de la empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro (LFC), que distribuye el servicio de energía a millones de personas en el centro del país, tras argumentar pérdidas económicas e ineficiencia operativa.

El argumento para la liquidación es la comprobada ineficiencia operativa y financiera de LFC, que representa un costo tan elevado que ya no resulta rentable para la economía mexicana, golpeada por la crisis capitalista mundial, debido a su casi total dependencia del mercado estadounidense.

El Gobierno mexicano lanzó un comunicado sobre la liquidación de LFC, en el que explicó que el cierre se debió a las dificultades económicas por las que atravesó la estatal, pues las condiciones bajo las que se desenvolvía no eran las adecuadas en cuanto a la calidad del servicio prestado y su bienestar económico.

El secretario de Gobierno, Fernando Gómez leyó este domingo en rueda de prensa un informe en el que detalló que las decisiones de la empresa eran tomadas en función de las demandas del sindicato y no de los usuarios a quienes se debía prestar el servicio.

La empresa registraba pérdidas de casi la tercera parte de la electricidad que distribuía mientras su plantilla de trabajadores se elevaba de manera desproporcionada.

De acuerdo al gobierno de Calderón, entre algunas de las disposiciones que contemplaba la política de la empresa, y que determinó el cierre de la misma, destaca la jubilación para los trabajadores antes de cumplir los 50 años de edad y recibían más de tres veces el salario de los trabajadores en activo, además de que cada aumento repercutía en sus salarios por casi el doble de la cantidad.

Los problemas de eficiencia, calidad y distribución del servicio tenían un impacto negativo en los usuarios, por lo que no cubrían adecuadamente las necesidades de las entidades del país a las que llegaban, según el gobierno.

Calderón decretó la liquidación al considerar que LFC, la segunda empresa pública eléctrica del país, presenta una "comprobada ineficiencia operativa y financiera", tiene un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos (18 mil millones de dólares), y sus costos "casi duplican a sus ingresos por ventas".

En el texto, el Ejecutivo afirma que desde su creación LFC "no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han incrementado en los últimos años".

También aseguró que "los resultados reportados por Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional".

El comunicado agrega que "el Gobierno Federal realizó numerosos esfuerzos para mejorar la productividad de la empresa sin lograr avances", razón por la que el Estado asumió la decisión de liquidar a LFC.

El Ejecutivo Federal confía en que la extinción de la empresa permitirá que los recursos se canalicen hacia las prioridades sociales y a un servicio eléctrico de mejor capacidad para contribuir con beneficios en la electricidad.

Gómez aseguró que se elevará el número de oficinas comerciales y aumentará a su vez la posibilidad de empleo, mientras las fuerzas de seguridad mantienen cercadas las instalaciones de LFC.

Agregó que la medida no implica la privativatización del servicio eléctrico, pues seguirá estando a cargo del Estado y brindará a la colectividad un mejor servicio.

Fernando Gómez aseguró que se respetarán los derechos de los trabajadores de acuerdo al contrato colectivo y se garantizará el pago a los jubilados.

De igual forma, el secretario de Gobierno facilitó los números telefónicos y la dirección electrónica a la colectividad para suministrar información detallada en torno a la liquidación de la empresa y al futuro de sus trabajadores.

"El Gobierno debe hacer un mejor uso de los recursos que son de todos los mexicanos", continuó y finalizó el informe aseverando que "el Gobierno refrenda de esta manera su compromiso de impulsar los cambios de fondo que el país requiere para el bienestar de todos los mexicanos".

Además del presidente Calderón firman el decreto 10 secretarios de Estado: Fernando Gómez Mont (Gobernación); Agustín Carstens (Hacienda); Georgina Kessel (Energía); Ernesto Cordero (Sedeso); Gerardo Ruiz (Economía); Juan Molinar (Comunicaciones); Javier Lozano (Trabajo); Salvador Vega (Función Pública); Juan Elvira Quesada (Semarnat), y Francisco Mayorga (Sagarpa).

Sindicato se defiende
La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que agrupa a unos 44 mil agremiados activos, llamó a movilizarse este domingo para exigir la derogación del decreto que establece la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro que abastece a la capital y municipios aledaños.

La decisión conocida en la noche de este sábado, tomó por sorpresa a los trabajadores del sindicato.

El SME insiste en "demandar la derogación del decreto de liquidación", publicado este domingo en el Diario Oficial de la Federación, comentó Humberto Montes de Oca, secretario del Interior del sindicato.

En tanto, la noche de este sábado se agruparon cientos de efectivos policiales en torno a las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, mientras Montes de Oca exigió la "salida inmediata de la Policía Federal y el Ejército" del lugar y ofreció establecer un mecanismo de negociación con las autoridades federales para establecer una mesa de negociación.

La empresa entró en conflicto hace unos días cuando el Ministerio del Trabajo desconoció la elección del nuevo líder del Sindicato Mexicano de Electricidad (SME), Martín Esparza, por haber supuestamente ocurrido en medio de irregularidades.


PARTE DEL DECRETO SOBRE LIQUIDACIÓN DE EMPRESA ELÉCTRICA LUZ Y
FUERZA

ARTÍCULO 1: Se extingue el organismo descentralozado Luz y Fuerza del
Centro, el cual conservará su personalidad.

ARTÍCULO 3: La secretaría de energía en su carácter de coordinadora de
sector, señalará las bases para llevar a cabo la liquidación derivada de la
extinción de Luz y Fuerza del Centro, las cuales deberán considerar la
eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación,
así como la adecuada protección del interés público.

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