septiembre 30, 2016

La importancia de votar "NO" en Colombia


Marta Lucía Ramírez 
El 4 de febrero de 2008 ocurrió la manifestación pública más multitudinaria en la historia de Colombia. Miles de ciudadanos, tradicionalmente apáticos, salieron a las calles espontáneamente para protestar por los continuos secuestros y crueldad de la guerrilla de las Farc, la reciente masacre de once diputados del departamento del Valle luego de cinco años de cautiverio y la frustración por las demoras de la Operación Emmanuel, en la cual serían liberadas Clara Rojas y su hijo. El mensaje fue uno solo: “No más Farc”, y reveló la unión de los colombianos para condenar la violación de los derechos humanos por el grupo guerrillero.


En 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos comenzó las negociaciones con las Farc y tras cuatro años de diálogo, el acuerdo firmado para reintegrar a 7000 guerrilleros ha polarizado por completo a nuestra sociedad de 46 millones de colombianos y ha generado una atmósfera de división e intolerancia.

Esta división comenzó durante la campaña presidencial de 2014, cuando el gobierno de Santos, quien buscaba su reelección, se apropió de la bandera de la paz con un mensaje engañoso: los que estaban a favor de la paz apoyaban la reelección de Santos y quienes competían contra él, eran amigos de la guerra. Ahora, al final de la negociación, el gobierno vuelve a usar la misma estrategia: los amigos de la paz apoyan el acuerdo y son enemigos de la paz quienes tienen críticas.

Es evidente que tras 50 años de muertes, masacres, secuestros, reclutamiento de menores, terrorismo, narcotráfico y millones de desplazados, el pueblo colombiano anhela la paz. Todos estamos a favor de la paz, pero no todos estamos a favor de un acuerdo que, para terminar el conflicto con las Farc, debilita nuestras instituciones y el Estado de derecho, y que permite que crímenes de lesa humanidad queden sin una condena adecuada y que los responsables entren a la política, con riesgos para el futuro de nuestra democracia.

El acuerdo tiene apoyo internacional y de varios sectores nacionales, por el enunciado ambicioso de sus capítulos y gracias a avances indiscutibles en los capítulos de desarrollo del campo colombiano, fin del narcotráfico, desmovilización y entrega de armas y participación política de las Farc. Sin embargo, el texto final muestra un desbalance preocupante, puesto que las Farc obtienen la mayor parte de los beneficios con muy pocas obligaciones a su cargo, mientras que el gobierno, en representación de todos los colombianos, adquiere casi la totalidad de las obligaciones.

Para finalizar un conflicto de larga duración entre guerrilleros y el Estado debe haber concesiones, pero también es necesario que se garantice la no repetición. Por ello se debe negociar acatando las instituciones y el imperio de la ley con el verdadero compromiso de reparar a las víctimas.

El acuerdo no cumple lo anterior, principalmente por las siguientes razones:

Primero, las concesiones son extremadamente ventajosas para las Farc, un grupo calificado como terrorista por la mayor parte de la comunidad internacional. En materia de justicia, no tendrán prisión los crímenes contra el derecho humanitario como el reclutamiento de niños, la violación como arma de guerra, ni los secuestros, que en condiciones normales tendrían condenas de 30 años o más.

Segundo, el acuerdo facilita la existencia política de Farc otorgándoles diez escaños en el congreso durante dos periodos legislativos, tras lo cual deberán ganarlos mediante el voto. Adicionalmente, podrán participar en la elección de 16 escaños especiales de las zonas más afectadas por el conflicto y tendrán 31 emisoras y un canal de televisión para difundir su ideología, herramienta que no tienen los partidos políticos tradicionales de Colombia. También les asignarán los mismos recursos, del presupuesto nacional, que a los partidos tradicionales. Buena parte del país acepta que las Farc organicen un partido político, siempre y cuando se respete la constitución vigente, según la cual en su articulo 122, quienes hayan sido condenados por crímenes no pueden aspirar a cargos de elección popular.

Tercero, las Farc no reconocen su importante participación en el narcotráfico y el acuerdo tampoco les obliga a devolver esos recursos, ni los de los secuestros, extorsiones y minería ilegal. Al no devolverlos, tampoco contribuirán a reparar el daño a las víctimas y sí podrían usarlos en política. Tampoco están obligadas por el acuerdo a devolver las tierras arrebatadas a los campesinos, que son parte importante de los más de cinco millones de desplazados en Colombia.

El corto plazo para analizar el acuerdo y el mecanismo elegido por el gobierno para su refrendación, consistente en un plebiscito en el que los votos de menos del 10 por ciento de los colombianos podrán incorporar a la Constitución de Colombia, lo acordado en La Habana, generan preocupación, pues sabemos que el resultado de este plebiscito cambiará profundamente el curso de nuestro país.

Un conflicto prolongado debe terminar en una negociación, pero lo ideal para que la refrendación popular garantice legitimidad y estabilidad a largo plazo, habría sido una la votación individual de los puntos más críticos. El mandato del pueblo ratificaría con la votación mayoritaria los puntos positivos o, daría lugar a una segunda ronda de negociación en temas críticos como justicia y participación política de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Desafortunadamente, el plebiscito convocado por el gobierno para el 2 de octubre es todo o nada. Sí o No.

El gobierno ha presionado indebidamente el voto por el Sí diciendo que si no se ratifica el acuerdo tendremos guerra urbana, mientras Carlos Lozada, negociador plenipotenciario de las Farc, venía afirmando hasta la X Conferencia Guerrillera que si gana el No continuarían negociando.

Cada colombiano debe entender el momento histórico que vivimos, pues sin duda la entrega de armas de las Farc es un hecho de la mayor importancia y por ello hay que invitar a decidir libre y responsablemente sin presiones ni temor al terrorismo urbano.

Si gana el Sí, todos debemos respetar la decisión y aportar recomendaciones para que las leyes y reformas constitucionales para desarrollar el acuerdo no debiliten más las instituciones ni otorguen más ventajas a favor de las Farc o la coalición populista con sus grupos afines.

Si gana el No, el gobierno debe facilitar las condiciones para trabajar con la oposición y otros sectores para proponer a las Farc mantener del acuerdo todo lo que convenga, sin perder el esfuerzo de los últimos años y ajustar los puntos neurálgicos para lograr un acuerdo más equilibrado y benéfico para el común de los colombianos y nuestra democracia.

Marta Lucía Ramírez ha sido ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa, senadora y candidata presidencial en Colombia.

Farc, gobierno, Juan Manuel Santos, Plebiscito

No hay comentarios: